Derecho al trabajo; Cómo un derecho constitucional.

El Artículo 123 de nuestra Carta Magna señala que: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos, y la organización social para el trabajo, conforme a la ley". A pesar de ello, durante el tercer cuatrimestre del presente año, los datos laborales manifiestan que en México unos 2.4 millones de personas no tienen acceso a una fuente de empleo que pueda garantizar solvencia económica para alimentar y sostener a su familia.

Derivado de lo anterior, surge una interrogante, conforme a lo que estipula nuestra Carta Magna, que señala como un derecho constitucional el acceso a un trabajo digno y socialmente útil para cada uno de los mexicanos que habitamos el territorio nacional: ¿Es el estado mexicano garante de este derecho ciudadano?.

Antes de contestar lo anterior, debo de hacer referencia algunos datos oficiales que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015 (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, (INEGI), así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza, CONEVAL, y que nos ayudarán a dar claridad a la correcta interpretación y contestación  de la interrogante.

De conformidad con lo estipulado líneas arriba, es menester señalar que durante el octavo mes del año la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 4.3% de la Población Económicamente Activa, misma tasa que la del mes inmediato anterior, de acuerdo con el INEGI, al presentar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; lo que quiere decir que unas 2.4 millones de personas no tienen acceso a una fuente de empleo, eso sin mencionar que actualmente en nuestro país, hay unos 52 millones de ciudadanos empleados en la informalidad, (ENOE 2015) y que de acuerdo con el Consejo Nacional de evaluación de la Pobreza CONEVAL, señala que el 41.7 por ciento de la población económicamente activa no puede alimentar a todos los integrantes de su familia con los ingresos generados en el hogar, lo que pone en tela de juicio al estado mexicano; Que ante tales cifras, no se convierte en un garante del desarrollo y sostenimiento de los ciudadanos mexicanos, violando lo que estipula nuestra constitución y deteriorando el estado de derecho, dejando a los mexicanos en un estado de indefensión jurídica-social ya que ante la precariedad de nuestras instituciones, y ante la falta de estrategia para garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, la población atraviesa una crisis, no sólo de generación de empleo, sino que también, las cifras antes mencionadas, evidencian las serias dificultades con las que las familias mexicanas alimentan a sus familias, y son violentadas en los derechos fundamentales que consagra nuestra constitución.

Es por ello, que he de referirme a las medidas gubernamentales que deberían (al menos en teoría)  de garantizar el libre desarrollo humano de los ciudadanos mexicanos, y no consagran los derecho humanos estipulados en nuestra Carta Magna, ya que como hemos mencionado a supra líneas,  es inadmisible que en la actualidad haya ciudadanos que no puedan ni siquiera alimentar sanamente a sus familias.

De tal suerte,  que, debemos señalar como último párrafo, que ya es tiempo de que nos convirtamos en críticos, de nuestro sistema de gobierno, del actuar de nuestros representantes, del monopolio de los medios de comunicación, de la acumulación de riqueza en unas cuantas manos, de la discriminación a los diversos grupos vulnerables como es el caso que nos ocupa; y por supuesto, es necesario, que generemos una sociedad más crítica y pensante; Que pugne por qué se respete el estado de derecho, y se cumpla  cabalmente con lo estipulado en el artículo 39 constitucional, que manifiesta que: "La soberanía nacional, reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno". Así que naturalmente, como respuesta a la pregunta antes formulada, debo contestar que: si una autoridad no garantiza los derechos de los mexicanos, debemos exigir que se modifique para que pueda ser una herramienta útil e indispensable para consagrar las necesidades de nuestra gente, y cumplir con lo estipulado en nuestra constitución.

Hasta la próxima.